Recientemente el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, que aporta un asesoramiento científico independiente, ha destacado en su informe ‘La persistencia de la pobreza energética en la UE la importancia de realizar intervenciones políticas integradas para abordar este desafío social.

Según este informe, del que se ha hecho eco Andimat, la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, urge una respuesta integral y sociopolítica a la pobreza energética a través de un mayor apoyo financiero a los hogares vulnerables y una mejora de la eficiencia energética de los edificios, crítica para reducir tanto los costes energéticos en éstos como el impacto medioambiental.

La pobreza energética, situación en la que un hogar no puede acceder a los servicios energéticos esenciales, está impulsada por tres causas fundamentales: los elevados gastos energéticos en proporción al presupuesto familiar, los bajos niveles de ingresos y el bajo rendimiento energético de los edificios, reconoce la Comisión Europea. El informe destaca que, cuanto más baja es la eficiencia energética de los edificios en un país, mayor es la probabilidad de que los ciudadanos estén persistentemente en condiciones de pobreza energética.

Para Luis Mateo, director General de Andimat, la eficiencia energética de los edificios residenciales es un factor clave de la pobreza energética, por lo que es imprescindible articular políticas más efectivas que apoyen las rehabilitaciones y construcciones energéticamente eficientes. Y esto pasa por potenciar los Certificados de Ahorro Energéticos (CAEs) sociales, que contemplan la renovación de envolventes y ventanas en los hogares más vulnerables.

Además, “la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios insiste en la idea de no dejar atrás a los hogares vulnerables, motivando a que los Estados animen a las instituciones financieras y la banca a promover productos, ayudas y subvenciones para este tipo de hogares, y que los incentivos financieros y otras medidas políticas se dirijan prioritariamente a éstos y a las personas afectadas por la pobreza energética o que residan en viviendas sociales”, destaca Mateo. “El Gobierno español debe garantizar, además, la asequibilidad de los certificados de eficiencia energética, incluso con ayudas financieras, y la realización de campañas de información, sensibilización y asesoramiento personalizados”, finaliza el directivo de Andimat.