CONAIF, organización empresarial mayoritariamente representativa de las instalaciones de gas en España, quiere poner de manifiesto lo siguiente:

El rechazo a la medida por cuanto pone en serio riesgo el mantenimiento de la actividad y el negocio de los autónomos y las miles de pequeñas y medianas empresas dedicadas en España a las instalaciones de gas.

De hecho CONAIF estima en 10.000 el número de trabajadores que, de manera inmediata, serán despedidos por las empresas instaladoras al no poder mantener su actual modelo de negocio. Las plantillas actuales de comerciales encargados de vender los contratos de gas, así como el personal administrativo que gestiona las altas de los usuarios son inviables en este nuevo escenario.

Hay que tener en cuenta que las empresas instaladoras que colaboran con las compañías energéticas en la distribución y comercialización de gas realizan un importante esfuerzo inversor en recursos humanos, técnicos y financieros que, de ningún modo, podrá ser mantenido si la actividad se paraliza.

Son miles las empresas instaladoras de toda España que este año 2019 se han adherido a las diferentes ofertas públicas de las distribuidoras de gas para colaborar con ellas en la expansión de la red, y que a día de hoy, por las razones apuntadas, no pueden prestar con normalidad servicio a los usuarios y clientes: tramitar las altas de los contratos de gas, garantizar las puestas en servicio, realizar las acometidas de gas… y demás operaciones que son habituales en su actividad diaria.

CONAIF considera “nefasta” esta medida anunciada por alguna compañía energética como Nedgia, no sólo por lo negativo que tiene en sí para las empresas instaladoras sino también para otros eslabones de la cadena de valor del gas.

CONAIF insta a dicha compañía energética a reconsiderar la medida, que es perjudicial para un colectivo empresarial colaborador y necesario para el desarrollo de su negocio como es el de los instaladores de gas.

Esta es otra de las consecuencias de la reducción de la retribución del mercado del gas prevista para el próximo período regulatorio, según se recoge en las Circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un asunto en el que CONAIF se ha alineado con las tesis defendidas mayoritariamente por el sector del gas.

La patronal de los instaladores ha manifestado públicamente su posición contraria a la decisión de las autoridades de Competencia.

En una nota emitida recientemente considera que “la reforma retributiva tal y como está redactada, sin tener en cuenta el nivel de inversión realizado por las distribuidoras, tendrá consecuencias negativas para las miles de pequeñas y medianas empresas que se dedican a las instalaciones de gas, puesto que desincentivará la inversión en el sector - como así ha ocurrido - y, como consecuencia de ello, se ralentizará la actividad económica de las empresas instaladoras”.

Para CONAIF “la propuesta de la CNMC es motivo de preocupación” y advierte “de pérdidas de puestos de trabajo en las empresas instaladoras si sigue adelante la tramitación sin tener en cuenta las alegaciones del sector”.

CONAIF se ha posicionado así en este asunto pero no puede admitir una reacción por parte de algunas distribuidoras que daña los intereses de su colectivo. La decisión de paralizar las inversiones así como determinadas áreas de actividad perjudica y produce daños económicos irreparables a las empresas instaladoras españolas de gas.