CONAIF las ha trasladado al nuevo Gobierno formado en España con el objetivo de que las atienda y tenga en cuenta una vez que asigne las competencias  ministeriales. Las empresas instaladoras y autónomos instaladores que forman parte de las 64 asociaciones, gremios y federaciones de CONAIF mueven, según esta organización empresarial, alrededor de 10.000 millones de euros al año y emplean a más de 100.000 trabajadores.

DECÁLOGO DE PROPUESTAS:

1. Regulación de la fontanería a nivel La desregulación actual de la actividad ha incrementado el intrusismo profesional y la economía sumergida, generado inseguridad a los usuarios y favorecido la merma en la calidad en las instalaciones.

2. Liberalización real y efectiva de las inspecciones de gas. El procedimiento establecido para estas operaciones en el Real Decreto 984/2015 es, según CONAIF, injusto e impide a las empresas instaladoras competir en igualdad de condiciones con las distribuidoras de gas en este mercado. Como prueba, el siguiente dato de inspecciones de gas realizadas en España: en 2018 sólo un 6% fueron realizadas por empresas instaladoras frente a casi el 94% que realizaron las empresas distribuidoras de gas (según la CNMC en su Informe de Supervisión del Mercado de Gas Natural en España, año 2018).

CONAIF pide al nuevo Gobierno transformar en legislación cualquiera de las dos Proposiciones No de Ley (PNL) presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso de los Diputados y que fueron aprobadas de forma unánime por todos los grupos parlamentarios, en las que se reclama igualdad de condiciones entre distribuidoras de gas y empresas instaladoras para que estas últimas puedan competir en el mercado con las citadas en primer lugar.

3. Lucha contra la morosidad. Establecimiento de un régimen sancionador que garantice el cumplimiento del plazo de pago, en línea con las demandas de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). CONAIF considera que es fundamental para la supervivencia de su colectivo de 19.000 pymes instaladoras y autónomos instaladores la adopción de medidas que garanticen el cobro dentro de los plazos legales actuales.

4. Adopción de medidas contra el intrusismo profesional. CONAIF reclama al nuevo Gobierno de España medidas que sirvan para evitar las prácticas intrusivas, bastante comunes dentro de la actividad instaladora, que perjudican al colectivo, dañan la imagen de los profesionales y suponen un peligro para la seguridad de usuarios e instalaciones.

Propone en este punto que la Administración central ejerza una función de supervisión eficaz para que los usuarios cumplan con sus obligaciones en lo que al mantenimiento de sus instalaciones respecta.

Al mismo tiempo, CONAIF insta al Gobierno a promover e impulsar la educación ciudadana en materia de seguridad industrial y reclama su apoyo en cuantas iniciativas ponga en marcha esta confederación nacional de empresas instaladoras, encaminadas hacia ese mismo propósito.

5. Impulso de la FP y la FP Dual. Las empresas instaladoras demandan personal cualificado que el mercado laboral no satisface en la actualidad. Para CONAIF es necesario que el Gobierno de la Nación invierta recursos y esfuerzos en dar impulso a la Formación Profesional, FP Dual y los certificados de profesionalidad de las familias de instalaciones, así como en la promoción de estos estudios entre los más jóvenes.

CONAIF también insta al Gobierno a desarrollar una formación enfocada hacia las nuevas tecnologías y a que se incentive la contratación de jóvenes mediante ayudas y bonificaciones fiscales para las empresas instaladoras.

6. Ampliación de las vías de acceso a la profesión. CONAIF solicita al nuevo Ejecutivo que, en concreto el reglamento de Baja Tensión reconozca y establezca para los profesionales las mismas vías de acceso a la habilitación que el resto de los reglamentos de seguridad industrial.

La certificación de personas es una herramienta establecida a nivel internacional que permite a los profesionales demostrar que cuentan con los conocimientos, habilidades profesionales y aptitudes establecidas en su perfil profesional y que éstos han sido evaluados por una entidad independiente con competencia técnica, bajo la Norma UNE EN-ISO 17024.

7. Unificación reglamentaria a nivel nacional. La disparidad de criterios entre autonomías en la aplicación de determinados preceptos reglamentarios ocasiona muchos inconvenientes a la hora de trabajar en diferentes comunidades autónomas y resta competitividad a las empresas instaladoras. CONAIF pide un criterio común para toda España que proporcione homogeneidad normativa y también que se eliminen las trabas burocráticas y administrativas a las que las empresas instaladoras se enfrentan para poder trabajar en un mercado único.

8. Estabilidad reglamentaria, simplificación normativa desde el punto de vista cuantitativo, así como un marco normativo sencillo que sea fácil de cumplir por parte de las empresas instaladoras.

9. Rebajas de tipos impositivos, tanto en Impuesto de Sociedades como IRPF, que favorezca la creación de empleo e incentive el crecimiento de las empresas instaladoras.

10. Establecimiento de una política energética clara y estable a nivel nacional de fomento de las energías renovables, la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente. Y que facilite una transición de modelo energético para la reconversión del sector. CONAIF también propone el fomento del consumo mediante la aplicación de medidas a nivel nacional que favorezcan la eficiencia energética.