El pasado 13 de diciembre, salía a consulta pública el anteproyecto de Ley del Impuesto de gases fluorados.  Este  impuesto  medioambiental,  actualmente regulado por la Ley 16/2013, y en vigor desde 2014, penaliza la emisión a la atmósfera de gases fluorados de efecto invernadero, principalmente utilizados como gases refrigerantes. El impuesto, que actualmente grava  la recarga de gas para la reposición de fugas, pasaría en la nueva redacción a gravar toda la entrada de gas fluorado en España. El nuevo impuesto se aplicaría así a la fabricación e importación de nuevos equipos y sistemas de refrigeración y aire acondicionado, bombas de calor, y electrodomésticos, entre otros, que hasta ahora se encontraban exentos.

La reforma del impuesto está en principio motivada por la necesidad de simplificar la gestión tributaria, pero sin siquiera mencionarlo lleva implícita la eliminación de las exenciones, lo que supondría de facto triplicar la recaudación del impuesto. Este nuevo impuesto ha generado gran revuelo en los sectores afectados, y un colectivo de una veintena de asociaciones empresarialesi ha presentado diversas alegaciones al anteproyecto. De aprobarse las pretensiones del Gobierno, las asociaciones sectoriales estiman un impacto sobre los precios de los equipos e instalaciones nuevas entre un 5 y 10% según el sistema de refrigeración o aire acondicionado considerado. El nuevo impuesto repercutiría en numerosos sectores de la economía, pero principalmente en los hogares, el pequeño comercio, la hostelería, la industria y la distribución alimentaria.

Con la introducción del impuesto como una enmienda a la Ley de Transparencia, que se encontraba ya en trámite, el Gobierno pretende aprobarlo de urgencia para que entre en vigor en septiembre. Se eluden así los trámites que tendría el impuesto si se continuara el proyecto de ley, y se elude el debate parlamentario de sus diferentes artículos o apartados. La proposición de ley, con el nuevo impuesto oculto en ella, ha sido aprobada en el congreso con los votos a favor del PSOE, Podemos, Esquerra y PNV; y actualmente está pendiente de aprobación en el Senado.

No  solamente  el  nuevo  impuesto  no  tiene  nada  que  ver  con  la  Ley  de Transparencia, sino que la exposición de motivos ni siquiera hace alusión a la verdadera modificación del impuesto: su extensión a los aparatos nuevos de refrigeración, aire acondicionado y electrodomésticos. Esta práctica de retocar leyes a través de enmiendas a otras leyes con las que no guardan relación ha sido habitual en el Parlamento y el Senado desde hace  años.  En numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional ha falladoii en contra de esta práctica. El TC expone que las enmiendas a las iniciativas legislativas deben tener "conexión" con la materia de la Ley que pretenden enmendar.

Los gases fluorados ya se encuentran sobradamente regulados, con un estricto control de su comercialización, por el reglamento europeo 517/2014, conocido como F-gas. Además de ciertas prohibiciones que han entrado en vigor este mes de enero 2022, la Comisión Europea ha propuesto más estrictas limitaciones en una inminente revisión del reglamento, en la que además se empezaría a cobrar una tasa a los derechos de importación de gas fluorado. Esta tasa europea se sumaría al impuesto español como una doble imposición.

Al margen del reglamento F-gas no existe en la Unión Europea ninguna otra norma o impuesto armonizado sobre los gases fluorados, y solo Dinamarca dispone de un impuesto similar al de España; Estonia y Eslovenia tienen establecida una carbon tax que grava en menor medida los gases fluorados; y Francia aprobó un impuesto cuya entrada en vigor se viene retrasando sucesivamente. No obstante, estos últimos países contemplan exenciones a la primera carga de equipos de refrigeración y bombas de calor. El nuevo impuesto en España sería por tanto el más gravoso de la Unión Europea en cuanto a su más amplia aplicación a todos los sectores.

Tal y como reconoce el Libro blanco sobre la reforma fiscal en España, el impuesto de gases fluorados supone “un impuesto no armonizado”, y “no cumple en su diseño con la finalidad propia del impuesto, ya que los gases por los que se tributa son insustituibles desde el punto de vista tecnológico y, por lo tanto, suponen directamente un impuesto a la actividad de nuestro sector”.