Pero ¿Qué son las comunidades energéticas y por qué parecen ser vitales para el proceso de transición energética? ¿Cuál es el marco normativo y qué posibilidades existen para su ejecución? ¿Qué potencial de desarrollo tienen estos sistemas en nuestro país y qué barreras existen a día de hoy? 

Empecemos por el principio: qué son las comunidades energéticas 

El proceso de transición energética se basa en un principio clave que supone un cambio de paradigma: el empoderamiento del ciudadano y su participación de manera activa como elemento clave del proceso. El objetivo es que esta transformación esté diseñada por y para el ciudadano y busque resolver algunos de los retos a los que nos enfrentamos como sociedad, desde la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, los altos costes energéticos, la dependencia energética o la lucha contra la pobreza energética. 

El autoconsumo fotovoltaico o la gestión de los recursos distribuidos, como la agregación de la demanda, son herramientas que permitirán la participación activa de la ciudadanía. Es en este punto donde las comunidades energéticas entran en juego y van más allá. 

Una comunidad energética es un nuevo concepto en el que personas físicas o jurídicas se unen con el objetivo de aprovechar los recursos renovables locales existentes, generando, consumiendo, almacenando y gestionando la energía limpia y verde, a la vez que se introducen mecanismos de mejora de la eficiencia energética y de gestión de la demanda, sistemas de almacenamiento, infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos o incluso microrredes que permitan distribuir la energía creada. 

Estos sistemas consolidan, fortalecen y crean un tejido colectivo y comunitario en torno a la energía que consumimos y necesitamos, posibilitando la generación de ingresos “de proximidad” y locales. 

Beneficios que se reinvierten en actividades sociales, medioambientales, educativas o económicas para la propia comunidad y que impulsan a su vez la creación no sólo de cadena de valor, sino de empleo también local. Se trata, por tanto, de sistemas asociados a claros beneficios sociales: educativos, democráticos, de participación colectiva y de lucha contra la pobreza energética o la despoblación del medio rural. 

Las comunidades energéticas son una oportunidad además para buscar nuevas soluciones tecnológicas, nuevos modelos de cooperación, así como de nuevos modelos de negocio y de gestión económica. 

Aquellos lectores ávidos se habrán dado ya cuenta de que las comunidades energéticas integran de una manera transversal todos los elementos esenciales de la transición energética: energías renovables, autoconsumo, almacenamiento, eficiencia, gestión de la demanda, movilidad sostenible y generación de beneficios locales. 

Las comunidades energéticas son, en definitiva, ecosistemas de la transición energética, donde todos sus pilares convergen. No es casualidad, por tanto, que sean piezas clave del puzzle.

¿Pueden desarrollarse en España? ¿Cuál es su marco normativo? 

Estas nuevas figuras aparecen en Las Directivas Europeas 2018/2001/IEC y 2019/944/IEC de Mercado interior, que incluyen las definiciones de Comunidades de Energías Renovables (CER) energéticas y Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE), así como sus características. 

En el marco normativo español, el Real Decreto-Ley 23/2020 introduce por primera vez la figura  de las comunidades energéticas en el sector eléctrico como “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.”

Por tanto, la respuesta es: 

sí, constituir comunidades energéticas es posible y viable en nuestro país. 

Sin embargo, todavía no se ha llevado a cabo la transposición del resto de las Directivas Europeas, habiendo más dudas que certezas en el proceso de constitución de las comunidades energéticas, como, por ejemplo, sobre el tipo de entidades jurídicas que se permitirán, qué tramitaciones serán necesarias o qué derechos y obligaciones tendrán que cumplir. 

De momento, la existencia de un marco normativo para el autoconsumo está dando algo de consistencia a la realización de este tipo de proyectos. Un marco normativo renovado desde 2018, con la eliminación del famoso impuesto al sol, que permite el desarrollo de autoconsumo individuales, colectivos y a través de red y que ha impulsado la penetración del autoconsumo en nuestro sistema energético: en 2021, según datos de UNEF, se han instalado 1203 MW de autoconsumo fotovoltaico, de los cuales, el 32% se trata de autoconsumo residencial, frente a 596 MW instalados en 2020. 

Los bajos costes de las instalaciones fotovoltaicas, su mantenimiento reducido o la disponibilidad de recurso en nuestro país, sitúan a la energía fotovoltaica como una de las tecnologías más maduras y competitivas para su uso en comunidades energéticas. Desde UNEF entendemos que el desarrollo de las comunidades energéticas debe realizarse sobre la base del autoconsumo fotovoltaico en la forma de comunidades solares. 

¿Cuáles podrían ser las claves para facilitar su desarrollo? 

Hay una serie de elementos que consideramos fundamentales a tener en cuenta: 

En primer lugar, dinamizar, informar y formar a la ciudadanía sobre las posibilidades y beneficios de la constitución de las comunidades energéticas se convierte en una de las claves centrales. El asesoramiento es fundamental durante el proceso de constitución de la entidad jurídica, de la planificación o de la ejecución del proyecto. Por ello, El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha propuesto el lanzamiento de ayudas para la creación y puesta en marcha de Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC), que permitirán la promoción y dinamización de las comunidades energéticas. Estas convocatorias todavía no están disponibles, pero se esperan en breve. 

Las empresas del sector energético también van a ser claves en el proceso de dinamización de las comunidades energéticas, aportando conocimiento y posibilidades de financiación a su desarrollo, así como las administraciones locales, conocedoras de las necesidades y de las particularidades de cada territorio. 

En este sentido, es fundamental entender que el proceso de desarrollo de comunidades energéticas es un proceso dinámico y flexible, que debe ajustarse a las particularidades de cada territorio y/o localidad. Factores como la localización de las comunidades energéticas, el recurso renovable disponible, las necesidades energéticas de la población, económicas y sociales pueden determinar las características principales de estos proyectos. 

En segundo lugar, es fundamental el establecimiento de un marco regulatorio claro y transparente sobre las comunidades energéticas, que fomente la presencia de diversos actores, entes públicos, privados o particulares. 

Además, algunas de las dificultades con las que nos hemos encontrado a la hora de ejecutar las instalaciones de autoconsumo, deberían servir como ayuda para su desarrollo: como por ejemplo, la necesidad de trabajar en la simplificación administrativa, incluyendo esquemas como la ventanilla única o sistemas digitalizados, la eliminación de los 500 metros como límite para desarrollar el autoconsumo colectivo o garantizar la introducción de sistemas de almacenamiento detrás del contador, de infraestructuras de recarga o incluso de microgrids. 

Por último, la existencia de mecanismos de financiación se constituye como uno de los elementos clave para la ejecución e implementación de las comunidades energéticas. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado recientemente dos convocatorias para ayuda a la financiación de proyectos singulares de comunidades energéticas, con un presupuesto de 40 millones de euros. 

Estas convocatorias de ayudas, junto con las enfocadas a la puesta en marcha de las OTC, se enmarcan dentro de un marco facilitador del Ministerio con 100 millones de euros que busca el desarrollo y la dinamización de este tipo de figuras en el sistema energético. 

 ¿Hay ejemplos de comunidades energéticas en nuestro país? 

A pesar de la ausencia de un marco normativo claro, y de las dificultades, ya hay algunos ejemplos de comunidades energéticas que se están desarrollando en nuestro país y que siguen el ejemplo de otros proyectos participativos que se hayan puesto en marcha. En este sentido, el IDAE ha habilitado un mapa interactivo que muestran diferentes iniciativas ya existentes de comunidades energéticas de vital importancia para la difusión de este tipo de figuras. Un mapa que muy probablemente veamos crecer según vayan desarrollándose los proyectos adjudicatarios de las ayudas antes mencionadas. 

No cabe duda de que todavía queda mucho por hacer en nuestro país, pero tenemos los recursos, los conocimientos y un sector totalmente preparado para hacer de estos ecosistemas de la transición energética una realidad.