En ella se contempla la prohibición o restricciones sobre la puesta en el mercado de los HFC, la prevención de fugas y el control al finalizar la vida útil, así como la formación y certificación.
La Comisión Europea presentó una propuesta en abril de este mismo año 2022 que busca un alcance mayor para revisar la norma EU517/2014. Desde esa fecha, se están llevando a cabo negociaciones institucionales en las que existe una oportunidad de participar y que deberían llevar a la publicación del acta en el primer trimestre de 2024. Por ello, es ahora el momento idóneo para intervenir, ya que los “rapporteurs” o miembros del Parlamento Europeo que lideran esta ley están nombrados, pero algunos de ellos no están familiarizados con la normativa F-gas. Al frente de estos trabajos está el Comité de Medio Ambiente y la industria está aportando su información.
Por su parte, el Consejo Europeo ha dado ya indicaciones a los estados miembros y las posturas de estos han sido definidas por los ministerios implicados y se ha llegado a un acuerdo entre los 27.
En la industria, preocupa que esta propuesta de revisión de la normativa F-Gas pueda amenazar la transición en Europa a tecnologías de menor GWP o que los objetivos de REPowerEU (parte de los objetivos 2030 y 2050) no puedan alcanzarse, entre ellos y en particular objetivos como la neutralidad de carbono para 2050.
Pero en el fondo, la mayor preocupación es que se pueda incrementar el comercio ilegal de HFC y disminuir la competitividad europea a nivel global, con un impacto negativo en la industria europea.
Desde CHEMOURS, hemos analizado esta revisión y consideramos que contempla una reducción poco realista de la puesta en el mercado de los gases de efecto invernadero, que podría conllevar graves problemas de disponibilidad de refrigerantes HFC y HFO a muy corto plazo, aumentando además las probabilidades de importaciones ilegales de HFC, lo que podría poner en riesgo multitud de instalaciones perfectamente útiles y perjudicar la adopción de tecnologías con refrigerantes de menor GWP y mejor eficiencia energética.
En las medidas que plantea la Comisión Europea en esta nueva propuesta, se debería contar con oficinas específicas de aduanas para los F-gases, controlar mejor el tránsito de los envíos, prohibir la importación y suministro de botellas desechables y un ajuste de la cuota para asegurarse de que sólo los operadores legales intervienen en el mercado. Hasta aquí las medidas son lógicas, pero existe una propuesta de incluir una tarifa de 3 euros por tonelada equivalente de CO2 con lo que corremos el riesgo de incentivar el mercado ilegal.
Esta propuesta aumenta la sinergia en tanto que:
y Genera mayor consistencia con otras políticas de la UE, tales como la de Eco-diseño, la de Transporte de Residuos, la Directiva Marco de Residuos, la Directiva de Delitos Medioambientales.
- Se refuerza el cumplimiento de las normativas, códigos y legislación de seguridad a todos los niveles y en todos los estados miembros.
- Se da mayor integración con la normativa REACH actual, lo que puede dar como resultado mayor consistencia interna en ambas normativas, al tiempo que se evita la duplicidad innecesaria en la regulación.
También consideramos en CHEMOURS que la Comisión Europea debe emplear al menos un 50% de los ingresos de las tarifas por cuota para el cumplimiento de esta ley y que las multas administrativas deberían de ser al menos dos veces y media el valor del producto en el mercado. Al mismo tiempo, consideramos que los estados miembros deberían disponer de los recursos adecuados para el cumplimiento de la norma, así como los equipos y recursos para que estas medidas tengan éxito.
Proponemos el mantenimiento del actual sistema de cuotas de puesta en el mercado, el cual está siguiendo el sector de forma eficaz, ayudándonos a una transición efectiva a tecnologías con refrigerantes de bajo GWP y mayor eficiencia energética.
Vemos que la propuesta establece un buen marco, con un enfoque único de sustancia y acuerdo, siempre que se implemente con éxito y que haya una coherencia política.